Cruces de gigantes en el ENRE: la batalla por el control de la línea de 500 kw y el futuro de la minería

Cruces de gigantes en el ENRE: la batalla por el control de la línea de 500 kw y el futuro de la minería Este 3 de junio de 2026, la sede del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se...

Cruces de gigantes en el ENRE: la batalla por el control de la línea de 500 kw y el futuro de la minería 

Este 3 de junio de 2026, la sede del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se convirtió en el epicentro de una disputa que trasciende lo técnico para instalarse en el corazón de la política económica y soberana de la Argentina. La audiencia pública, virtual convocada para tratar la solicitud de acceso a la capacidad de transporte y la emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para el proyecto minero Vicuña, derivó en un enfrentamiento multidimensional sobre quién tiene derecho a decidir sobre la infraestructura energética estratégica de una provincia. En el centro de la escena, la empresa Vicuña Argentina S.A. defendió su necesidad de obtener la prioridad de uso del 90% de la capacidad incremental de transporte en el corredor Nueva San Juan–Rodeo, argumentando que su millonaria inversión en obras de 500 kV es la "condición habilitante" indispensable para poner en marcha uno de los proyectos de cobre más grandes del mundo.

Sin embargo, esta pretensión de exclusividad relativa encendió alarmas en todo el arco productivo y político de San Juan. La introducción de la audiencia dejó claras las tres grandes objeciones que dominaron el clima: primero, el EPRE de San Juan denunció que la línea de 500 kV fue financiada por los ciudadanos y empresas sanjuaninas, por lo que su capacidad no es un excedente "regalable", sino un activo estructural comprometido para el desarrollo de la población; segundo, la empresa Los Azules calificó la asignación del 90% como una transferencia de activos públicos a un privado sin fundamento técnico transparente, advirtiendo que se basa en hipótesis simplificadas que no fueron auditadas; y tercero, la minera Barrick reclamó que se están ignorando sus derechos adquiridos como "beneficiario iniciador" tras haber invertido 55 millones de dólares en la misma red, exigiendo que se respete su reserva de 250 MW antes de otorgar cualquier prioridad a un tercero. Finalmente, el sector político, representado por el diputado Mario Herrero, alertó sobre una posible pérdida de la "soberanía energética provincial" si se permite que un solo actor condicione el abastecimiento futuro de otras actividades económicas.

El núcleo de la defensa de Vicuña: La energía como motor del megaproyecto
Adriel Rizzatto, gerente de Energía de Vicuña Argentina S.A., abrió la exposición con un tono institucional. Su mensaje fue inequívoco: Vicuña, una empresa conjunta entre Lundin Mining y BHP, está ante un desafío logístico y climático sin precedentes en plena Cordillera de los Andes, y sin una solución de transporte eléctrico robusto, el proyecto es inviable. Rizzatto explicó que la demanda inicial del proyecto alcanza los 260 MW, una cifra que por sí sola requiere una infraestructura de extra alta tensión (500 kV) que el sistema actual de la zona, operando mayoritariamente en 132 kV, no puede soportar.

La defensa técnica de la empresa se apoyó en la magnitud de las obras que están dispuestos a financiar y promover. Detallaron un plan que incluye la construcción de la Estación Transformadora (ET) Josemaría, una línea de 220 kV de 93 kilómetros hasta la futura ET Chaparro, y lo más importante, una nueva línea de 500 kV de 167 kilómetros para vincular Chaparro con el nodo de Rodeo. "La energía eléctrica es una condición habilitante", repitió Rizzatto, subrayando que estas obras, una vez terminadas, no quedarán como propiedad privada, sino que se integrarán al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) bajo la operación de Transener, beneficiando la confiabilidad de todo el sistema nacional.

Respecto al pedido de prioridad del 90%, Rizzatto buscó desestimar las acusaciones de monopolio. Aseguró que la resolución no les otorga el control del sistema eléctrico sanjuanino ni viola el principio de acceso abierto. Según su postura, la prioridad solicitada es un aspecto específico del régimen de ampliaciones que se refiere únicamente a la "capacidad incremental" generada por las obras que Vicuña financia. En otras palabras, sostienen que como ellos crean la nueva capacidad, tienen el derecho prioritario de usarla para su demanda, la cual proyectan que crecerá de los 260 MW iniciales a 700 MW en etapas sucesivas.

La postura del EPRE: la red es de los sanjuaninos
La respuesta del organismo regulador provincial fue contundente. Roberto Ferrero, en representación del EPRE de San Juan, recordó que el acompañamiento al desarrollo minero debe basarse en la equidad. Ferrero fue enfático al señalar que la red eléctrica de la provincia fue construida y financiada parcialmente con el esfuerzo de los usuarios de San Juan (industrias, comercios y hogares), y que el ingreso de una demanda tan masiva como la de Vicuña obliga a anticipar inversiones de ampliación que no deberían ser costeadas por la población local.

Para el EPRE, la conformidad con el proyecto de Vicuña no es un cheque en blanco. Ferrero estableció condiciones estrictas: la suscripción de acuerdos bajo la Ley Provincial N° 1181-A, mediante los cuales la minera debe internalizar los costos de mitigación de la demanda que incorpora y aportar al desarrollo de la infraestructura provincial. Además, exigió garantías de que cualquier capacidad de transporte que exceda las necesidades de Vicuña quede disponible para el resto de la actividad minera, evitando lo que denominó el "bloqueo del corredor", al que calificó como un activo estratégico de la provincia.

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