La oposición logró postergación de la votación de la Ley Glaciares en diputados
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El primer encuentro para tratar la reforma de la Ley de Glaciares se concentró en la definición de los mecanismos de discusión para su votación en Diputados. Si bien el plan inicial del Gobierno proyectaba para el 12 de marzo la sanción de la propuesta ya aprobada en el Senado, en un plenario de comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales definió no llevar la iniciativa a sesión este mes. La oposición solicitó más tiempo de debate y participación ciudadana.
"Teníamos contemplada la posibilidad de extender el debate para después no estar corriendo con el dictamen", aseguraron a este medio desde la conducción legislativa libertaria, donde sugirieron que podía ser convocada algún funcionario del Ejecutivo para respaldar el proyecto. "Es un pequeño triunfo, pero hay que cuidar este mes para que no se den vuelta diputados. Hoy ellos no tienen los votos en el recinto y tienen que revertir votos del peronismo", analizaron para Ámbito desde un bloque opositor.
La propuesta modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, ratificando a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Además añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de "estratégica" la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un "glaciar o geoforma periglacial" según lo contemplen, incluyendo "una instancia de participación ciudadana".
Esta potestad provincial, que se impondría por sobre el criterio del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), se ratificó con las dos reformas de último momento que incorporó el Senado antes de sancionar el proyecto con 40 a favor y 31 en contra. En estas reformas se removió la posibilidad de que la Cancillería intervenga en caso de zonas fronterizas y se eliminó la autoridad de un Comité de Cuenca de fiscalizar cuencas interjurisdiccionales en caso de potencial impacto ambiental.
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